El actual gobierno nacional tiene el camino allanado y no necesita inventar ningún pretexto ni cifra estadística alguna para imponer el pago de una suma de dinero a quienes deseen estudiar en una universidad pública. Esto es así ya que los que aparecen en los medios de comunicación defendiendo la gratuidad de los estudios universitarios, son precisamente los que han impuesto una pesada cuota de inmoralidad e hipocresía para atravesar en la puerta de entrada de las universidades argentinas.
La necesidad de que exista un proyecto de país y que el sistema educativo esté orientado a dotar a los habitantes de los conocimientos que permitan el desarrollo de todas las partes de la sociedad, y en armoniosa sintonía, no ha sido nunca la regla básica para definir las carreras universitarias por dictar, ni las materias por incluir en los planes de estudio, los temas por enseñar, los métodos de enseñanza y evaluación por aplicar, etc.
Contrariamente, lo que se ha visto, al menos en los últimos 40 años, es una institución cooptada por políticos socialdemócratas que la han utilizado para reclutar militantes.
En la actualidad, la universidad pública libre y gratuita se mantiene gracias a los ocasionales encuentros que se dan entre los alumnos que van a la facultad realmente a aprender, y los profesores que tienen una verdadera vocación por enseñar. De esos accidentes salen los pocos logros que se pueden apuntar para justificar este derecho sagrado que gracias a Dios tenemos los argentinos. Lo demás, es puro tráfico de influencias y campañas políticas, como veremos aquí y en la parte 2.
Aranceles ya existentes
El primer arancelamiento nace con el artículo 29 de la ley de educación superior, donde se establece que las instituciones universitarias tienen autonomía académica. Esto quiere decir que cuentan con la potestad de formular y desarrollar sus propios planes de estudio, de investigación científica, de extensión y servicios a la comunidad, lo cual sería un aspecto positivo si se utilizara para crear carreras de grado, y/o adaptar los planes de estudio a las características productivas de la zona geográfica donde se encuentra cada facultad. Nuestro país es extenso y cada región tiene sus características especiales, entonces, resultaría lógico que una universidad ubicada en la pampa húmeda tenga la potestad de orientar la creación de sus carreras de grado y posgrado a la producción agropecuaria, y no a la explotación minera, por ejemplo. Si no tuviera este poder, alguien desde el Ministerio de Educación situado a cientos de kilómetros de distancia, sin moverse de su cómodo sillón, podría imponerle no solo las carreras por dictar, sino también los contenidos de las materias, y todo lo demás.
Sin embargo, lejos de utilizarse para los fines comentados, el citado artículo de la ley N°24.521 se ha empleado para crear carreras destinadas a la imposición de una ideología ligada a la reconversión del comunismo. Se continúa empleando para forjar cerebros que sientan el deseo de ser ciudadanos del mundo, despojándolos de cualquier sentimiento afectivo hacia su propio país. Así, tenemos estudiantes más preocupados por los problemas de abastecimiento energético de Alemania, antes que por la desnutrición de buena parte de los argentinos.
Pues bien, entonces, el primer arancel lo han impuesto los directores de orquesta situados en otros continentes, a decenas de miles de kilómetros de nuestro país, en el marco de la Agenda 2030 y el globalismo mundial.
Pero, además, en el ámbito universitario se crean secretarías y subsecretarías inútiles que sólo sirven para consolidar el poder político sobre la institución. Estas reparticiones públicas, que suelen presentarse en el ámbito de lo que se conoce como “extensión universitaria”, son manejadas por militantes y/o hijos de funcionarios públicos del mismo partido o conjunto de partidos que ostentan el gobierno de cada universidad y que tienen representantes en el Congreso de Nación y/o gobiernos provinciales y/o municipales. La Universidad Nacional del Litoral es un ejemplo de ello.
Si a lo anterior le agregamos el problema de la falta de accesibilidad, es decir las grandes distancias que deben recorrer los habitantes del norte de la ciudad de Santa Fe para llegar a las aulas de las facultades, sin un sistema de transporte urbano de pasajeros que la recorra en un tiempo prudencial, nos daremos cuenta de que quienes dicen defender la universidad pública en realidad sólo defienden sus privilegios, su pequeña porción de poder.
El funcionamiento de las universidades, teniendo en cuenta el especial contexto histórico que vive nuestro país, debería estar orientado a dar cabida a las personas que deben trabajar para pagar sus estudios. Nos referimos a los horarios de cursado, biblioteca, turnos de exámenes, etc. Quienes no tienen la necesidad de trabajar tienen más flexibilidad para adaptarse a todo tipo de horarios, y por lo tanto son estos los que deberían hacer un esfuerzo. Por el contrario, exigiéndoles el pago de un arancel, no solucionamos nada, porque, aunque se utilizaran esos dineros para luego darle becas a los estudiantes más pobres, no existiría una verdadera igualdad de oportunidades (recordemos que este es el cliché por excelencia utilizado por la buena gente de la socialdemocracia). No es solo el costo del pasaje de colectivo, son las largas horas de viaje. Es el tiempo que necesita la gente para descansar luego de trabajar y poder organizarse para cursar y estar en condiciones de prestar atención, para organizarse y poder estudiar los fines de semana, etc.
La solución no es cobrar una cuota a los que mas tienen, porque, entre otras cosas, nos encontraremos con el problema de trazar la línea para identificar a los que pueden pagar, y los que no. ¿Con qué criterio?
Un ejemplo de la falta de lógica en este tipo de definiciones por parte de los políticos lo es la fijación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias.
Entonces, la falta de acceso a la universidad para quienes trabajan y estudian, es el segundo arancel ya establecido por los políticos del radical-socialismo hipócritas y demagogos.
Hay más aranceles ya impuestos que detallaremos en la segunda parte de este editorial. Al igual que los ya enunciados, son tan dañinos que no hacen más que dejar el camino libre para que el actual gobierno nacional proceda con su idea de imponer el pago de un monto de dinero a quienes deseen cursar estudios de grado en universidades públicas.
