La situación hídrica en muchas provincias es grave y Santa Fe no es la excepción. El agua es y seguirá siendo una fuente de poder, así como un elemento susceptible de generar conflictos entre países, departamentos, provincias, ciudades e incluso barrios de la misma población. La administración de un recurso tan sensible como lo es el hídrico obliga a compatibilizar los conceptos de cuenca y el de país o divisiones políticas menores del territorio.
Debemos tener en cuenta que la solución a esta problemática requiere del diseño de obras en sistemas climáticos cambiantes. Los períodos húmedos han ido creciendo y las precipitaciones aumentaron, se hicieron más copiosas en cortos períodos de tiempo.
La variabilidad hidrológica implica que se verifiquen alteraciones sobre la precipitación, evapotranspiración y caudales en un sistema hidrológico, con la particularidad de que ante un incremento en la precipitación se produce un mayor aumento en los caudales registrados. Es decir que existe una amplificación natural de las anomalías del caudal, en función de las anomalías de la precipitación y la evapotranspiración. En otras palabras, existe una relación no lineal en la transformación lluvia – escurrimiento, que influye sobre el hidrograma unitario de la cuenca, el que además de estar condicionado por factores meteorológicos (Intensidad, Duración y Distribución de la lluvia), está influenciado por factores fisiográficos (topográficos, de vegetación) y por factores de uso del suelo (monte, agricultura -y su método de labranza-, y ganadería). Cabe recordar que el método del hidrograma unitario es uno de los métodos utilizados en hidrología, para la determinación del caudal producido en un curso de agua, por una precipitación en su cuenca de aporte.
Debemos tener en cuenta nuestra Constitución Nacional en su artículo 124 que indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, con lo cual el agua es un recurso federal. No obstante, a su vez, Argentina tiene que cambiar el esquema de gobernanza del agua y la toma de decisiones en este tema debe hacerse respetando la naturaleza y no las necesidades políticas de algún determinado sector.
Debemos cambiar la forma en que estamos actuando sobre el ambiente, para que las obras que proyectamos hoy no resulten inútiles en el corto plazo. Debemos cambiar nuestra conducta para que los supuestos sobre los que proyectamos las obras, se confirmen en el tiempo.
Según algunos expertos, este cambio debe realizarse teniendo en cuenta tres factores:
- Cambio del clima.
- Cultura de planificación a largo plazo.
- Inversión.
En cuanto al cambio del clima es preciso tener presente que Argentina es un país sensible al clima y no produce contaminación. Si bien sufre las consecuencias del cambio climático no es un gran productor de gases de efecto invernadero, ya que produce solamente 0,69% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. En este sentido debemos poner énfasis en hacer acuerdos globales, para que los países desarrollados reconozcan la generación de estos impactos y asignen recursos hacia los países que los sufren. Pero para lograr estos acuerdos globales es necesario que seamos un país serio y creíble. Necesitamos estar insertos en el mundo, no aislados.
Respecto de la cultura de planificación a largo plazo, deben crearse comités de cuenca interjurisdiccionales y realizarse planes directores a 15 años como mínimo, donde se especifiquen las obras necesarias y su orden de prioridad, donde se contemple el cambio en la matriz productiva, y se indique el cambio en el uso del suelo que se debe lograr, como así también se defina la cantidad de datos de monitoreo que deben estar en el sistema para poder tener alertas de corto y mediano plazo. Aquí aparece como indispensable aprovechar todos los desarrollos tecnológicos disponibles.
En relación a las inversiones necesarias, en 2017 el país invertía aproximadamente un 2% del PBI al año, cuando para hacer frente al déficit de obras de infraestructura hídrica, haría falta invertir cifras cercanas a al 4% o 5% del PBI. El plan nacional del agua, en aquella época, proyectaba una inversión en obras y tecnología, de U$D 10.000 millones. Estos montos son imposibles de alcanzar solamente con lo que sobra de la recaudación de impuestos. Es decir, sin subir impuestos. Por lo que en el escenario económico actual, resulta imposible de imaginar siquiera. Lo que sí es posible, y necesario, es crear instituciones serias y creíbles de manera de conseguir financiación externa, lo cual se logra por medio de una inserción positiva en el mundo. Se trata de construir gobernabilidad.
Para el caso que nos ocupa, Santa Fe, vemos agravada su situación puesto que en ella confluyen la mayor parte de los ríos que desaguan en el Paraná. Esta situación afecta toda la provincia, que tiene 14 cuencas delimitadas, pero especialmente cuatro que son interjuridiccionales y en las que la Nación ha decidido actuar. Actualmente están en el foco la cuenca del Carcarañá y cuenca de La Picasa, y en un futuro próximo lo estarán las cuencas del Vila-Cululú y la cuenca de los Bajos Submeridionales.
Para Santa Fe es cuestión fundamental desde el punto de vista productivo, ya que se está inundando o haciendo que las napas suban en suelos tipo A, es decir con una capacidad de producción “muy alta”. Esto se vuelve contraproducente para el propio país ya que, como sabemos, el PBI depende fuertemente del ciclo hidrológico, debido a que somos una nación productora fundamentalmente de alimentos, que se producen justamente es estas tierras que ahora están inundadas.
Pero esto, no afecta solamente a los productores agropecuarios. Afecta también a los trabajadores rurales, quienes quedan fuera del sistema económico padeciendo el terrible drama de la desocupación, además de otros como que sus niños no pueden asistir a la escuela. En resumen, como podemos ver, el agua es un problema de todos, pero los respoonsables de solucionar los problemas de su mal manejo tienen nombre y apellido, y son los funcionarios provinciales de área.
