Editoriales

Las universidades ya están aranceladas (parte 2)

La falta de honestidad en la definición de cargos en el ámbito universitario es uno de los aranceles ya impuestos por los supuestos defensores de la universidad pública. No debe confundirse transparencia con impunidad. Sin embargo, nada de esto se menciona en los medios de comunicación tradicionales. Esto es porque a su vez existe otro problema: la falta de libertad de expresión.

En la primera parte de este editorial señalamos los dos primeros aranceles ya impuestos por los políticos a la educación superior. Ver: Universidades aranceladas: ya es un hecho (parte 1)

El primer arancel se relaciona con la imposición de los objetivos para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y el globalismo mundial, mediante la inclusión de la ideología de género, el calentamiento global, la reducción de la población y la defensa de la inmigración ilegal en el contenido de las materias. La idea de un mundo multicultural sin fronteras tomó forma a través de lo que se denominó la socialdemocracia, es decir socialismo con democracia. En nuestro país, el encargado de promover esta agenda es, fundamentalmente, la Unión Cívica Radical.

Por otra parte, como vimos, la falta de acceso a la universidad para quienes trabajan y estudian, es el segundo arancel ya establecido por los políticos del radical-socialismo a los estudiantes.

Como consecuencia del segundo, surgió el tercero.

El tercer arancel está originado por el desprecio de una gran cantidad de personas que pagan impuestos y no pueden ir a la universidad. Hace unos treinta años podríamos haber señalado que se trataba solamente de una cuestión de resentimiento. Más de un estudiante habrá tenido que escuchar alguna vez al mozo de un bar, achacándole que él con sus impuestos le estaba pagando los estudios, y, por lo tanto, no estaría mal que se le cobre una cuota a los que van a la facultad. Sin distinción alguna. Es que, según el razonamiento de algunos, estudiar es una suerte, un privilegio, un lujo que no todos se pueden dar. Hoy en día, ya no se trata de resentimiento. Es envidia, es bronca, es odio. La soberbia que antes se veía en algunos estudiantes, y el desprecio que mostraban hacia el resto de las personas, ha cambiado de lugar, se ha invertido. En cualquier comercio, empresa u organismo del Estado, el maltrato hacia quien tiene un estudio universitario ya no se oculta, ni siquiera se trata de disimular. Cualquier persona que no terminó la primaria está plenamente convencida de que sabe más que el que tiene un título universitario, y puede pisotearlo con total impunidad porque de todas formas el trabajo se puede hacer sin tantas recetas escritas, ni planos, ni formularios o protocolos de calidad, ni nada. Esto es así porque quienes deberían rechazar estas conductas, o sea los empresarios y funcionarios públicos, muy por el contrario, las alientan. Como consecuencia de todo esto la sociedad en su conjunto es la que pierde, ya que quienes quedan al frente de las organizaciones son personas que tardan unos 20 años en adquirir la experiencia y destreza para realizar un trabajo, que una persona egresada de la universidad puede adquirir en un año. Al darse cuenta de esto, el resentimiento de los no universitarios aumenta.

Salida laboral rápida

No son muchas las personas que pueden bancarse una carrera larga. Y cuando decimos “bancarse”, no nos referimos solamente al dinero necesario para asistir a clases y/o comprar libros o material de estudio. Decimos que son pocos los que están dispuestos a pasar entre seis y diez años de su vida encerrados en una pieza de cuatro por cuatro, ocho horas por día sin ver el sol, en la mayoría de los casos sin calefacción ni aire acondicionado. Estudiar no es una suerte o un privilegio, es un sacrificio, y la gran mayoría de las personas no está dispuesta a hacerlo. Hay cosas más divertidas. Es decir, por lo general, la gente en su juventud prefiere emplear el tiempo en otra cosa antes que en la lectura, haciendo cálculos o dibujando planos para preparar un examen. Por ello, debemos hacer notar que se ha incrementado notablemente la cantidad de carreras “con salida laboral rápida”. Cursos de dos o tres años que capacitan a las personas para ser asistentes de otras, o diplomaturas que las habilitan para realizar trámites burocráticos que generalmente no contribuyen en nada a facilitarle la vida a la gente. Estos cursos, que se dictan en los mismos edificios que se dictan las carreras de grado, son tan cortos que el tiempo de dedicación no alcanza para formar el criterio técnico que un profesional desarrolla en no menos de 10 años de estudio y aplicación práctica en el trabajo. Sin embargo, los egresados de esas “carreras cortas con salida laboral rápida” pretenderán recortar los alcances del título⁽¹⁾ de los profesionales universitarios, avasallando a quienes poseen no sólo el conocimiento teórico y práctico, sino también la formación necesaria para resolver situaciones imprevistas o crear nuevos productos para servir a la comunidad. De esta forma, quienes más se han sacrificado se ven humillados y desplazados por quienes apenas se han asomado a una determinada área del conocimiento. Éste es el cuarto arancel, y ya ha sido impuesto por quienes aparecen en los medios y en las redes como defensores de la universidad pública gratuita, reemplazando lo que originalmente se denominaban incumbencias⁽²⁾, y que ahora llaman “actividades reservadas”. Al respecto, tenemos que decir que, existen temas donde concurren dos o más áreas del conocimiento, y pueden generarse controversias sobre la incumbencia de uno u otro. Pero en un país donde está todo por hacerse no puede haber disputas para dejar el monopolio del ejercicio profesional, a una sola de ellas, como tampoco para dejar el ejercicio profesional en manos de personas que no son profesionales.

Muro exterior de una facultad con la inscripción Universidad Gratuita Pública y de Calidad y billetes insertados en las grietas. — La contradicción entre la gratuidad discursiva y los costos reales en la educación superior argentina

Por último, señalaremos el arancelamiento mediático. Nos referimos a que se habla de la universidad pública solamente cuando surge un problema en la Universidad de Buenos Aires, como si la UBA fuera la única casa de altos estudios donde los alumnos y docentes de buena fe sufrieran atropellos. Nada se informa, por ejemplo, acerca de los cargos asignados a militantes políticos y familiares de funcionarios radicales en la Universidad Nacional del Litoral, o de la usurpación de LT10 Radio Universidad por parte del radicalismo UNL, una emisora radial que dejó de ser independiente a partir de los ’90, para transformarse en la actualidad en el aparato de propaganda del radical-socialismo en la ciudad de Santa Fe.

La falta de transparencia en la definición de cargos en el ámbito universitario es el quinto arancel impuesto por los supuestos defensores de la universidad pública. Pero no se lo menciona porque a su vez existe otro: la falta de libertad de expresión.

Como si fuera poco, además, el citado medio de comunicación público, prevé un resultado económico negativo para este 2026, lo cual ha sido consensuado con el Gobierno Nacional, quien lo ha aprobado mediante la resolución RESOL-2026-1026-APN-MEC, la cual puede descargarse desde el siguiente link: https://www.lt10.com.ar/multimedia/doc1786112361602.pdf

De esa resolución se ha extraido lo siguiente: